LOS RECORTES MATAN , LAS PATENTES REMATAN :

¿Es licito pagar 25.000 e. epor un medicamento cuyo coste de producción no alcanza los 115 e?

Los encierros de pacientes afectados por la hepatitis C han permitido visibilizar uno de  los principales problemas que arrastra el sistema sanitario desde la pro­mulgación en 1986 de la Ley General de Sanidad: su dependencia absoluta de las multinacionales de farmacia al haber re­nunciado en aquel momento a la creación de un sistema público de investigación y producción de medicamentos. La lucha de afectados y familiares, ha puesto sobre la mesa la imposibilidad de acceder a un tratamiento reconocido hasta el momen­to como el más eficaz, debido al altísimo coste exigido por la multinacional que lo produce y ostenta su patente (GILEAD, la misma empresa que vendió a Roche la patente del fármaco Tamiflú, la supues­ta cura de la gripe aviar…) y que nuestro gobierno ha pactado. El medicamento en cuestión es el Sofosbuvir y su nombre co­mercial, Sovaldi.

El precio pactado por el gobierno es ina­sumible, tanto que hace imposible el tra­tamiento de los 35.000 pacientes que se estima lo necesitan. Pero lo realmente preocupante, es que existiendo estudios de costes que valoran el precio de pro­ducción de una pastilla de Sofosbuvir en 2.5 euros, y el tratamiento de 12 semanas entre 68 y 136 dólares[1], Gilead lo propon­ga a un precio de 650 a 1.000 euros por comprimido y entre 25.0000 a 60.000 € el  tratamiento completo.

Las normas internacionales permiten que un gobierno emita licencias obligatorias para “permitir la producción de un produc­to patentado por otros o utilizar el proceso patentado sin el consentimiento del titular de la patente”. Esto significa que un go­bierno puede promover la producción de Sofosbuvir por una empresa de productos genéricos a un precio mucho más bajo o importarlo de otro país en una versión ge­nérica. Nuestro gobierno no lo ha hecho. Tampoco ha negociado conjuntamente con otros países la compra del medicamento, o se ha planteado pagar la patente a un fa­bricante de genéricos. También ha estado en contra, así como la Comisión Europea, de establecer un precio máximo para Sofosbuvir.

Nuestro gobierno podría incluso, así como lo ha hecho el gobierno Indio, cuestionar legalmente la patente sobre Sofosbuvir dado que esta molécula fue patentada previamente como un medicamento con­tra el cáncer, y se podría demostrar la au­sencia de una innovación que justifique la patente actual. Pero nuestro gobierno, así como la mayoría, tampoco lo ha hecho.

Sin embargo, no es solo el gobierno el que ha mantenido una actitud pasiva frente a la presión de Gilead. Nos llama poderosa­mente la atención el silencio de la mayo­

ría de las sociedades científicas respecto al precio impuesto por la multinacional (lo que se repite con otras enfermedades), y nos genera grandes dudas respecto a sus relaciones con la industria multinacional farmacéutica. Al margen de casos más os­curos, hay hechos incontrovertibles que podrían explicar ese silencio como que prácticamente todos los congresos de es­pecialidades médicas están financiados por la industria farmacéutica, que prácti­camente no existan canales de investiga­ción que no estén financiados por la mis­ma, o que la formación que se da en todas las Facultades de Medicina esté controla­da por el negocio de los medicamentos. Exigimos que en aras de la transparencia, dichas sociedades científicas hagan pú­blicas las subvenciones que hayan recibi­do de la multinacional citada.

El evidente sufrimiento de los pacientes de Hepatitis C y sus familiares, constituye el reclamo perfecto para que todo tipo de fuerzas políticas quieran rentabilizar polí­ticamente este problema.

Las propuestas de actuación ante el Parlamento Europeo u otras instancias (políticas) no solo bus­can ofrecer la falsa imagen de que nues­tros problemas se solucionan delegando en políticos, sino que tienen intereses pu­ramente electoralistas.

La problemática puesta en evidencia por los pacientes de Hepatitis C no es, sino una más de la larga lista de problemas del sistema sanitario, que tiene su raíz en el proceso de mercantilización que gobiernos de todo color político y empresas llevan ejecutando desde hace décadas. Hoy es la Hepatitis C, pero el hecho general es que la inmensa mayoría del gasto farmacéutico —que es casi la cuarta parte del gasto sa­nitario público total— está absolutamente sobredimensionado en función de los inte­reses de la industria farmacéutica.

Por todo ello la

Coordinadora Antiprivatiza­ción de la Sanidad del Pais Valenciano:

1º APOYA DECIDIDAMENTE las movilizacio­nes de pacientes, familiares y población en general con el convencimiento de que sólo mediante la lucha mantenida en el tiempo podremos imponer la prioridad de las nece­sidades de las personas sobre los intereses económicos de las multinacionales y de los políticos a su servicio.

2º EXIGE AL GOBIERNO que adopte todas las medidas necesarias para poner a disposición de los pacientes de Hepatitis C el medica­mento Sofosbuvir imponiendo la primacía de las necesidades de salud sobre los derechos de patente.

 

 

3º EMPLAZA AL GOBIERNO ACTUAL Y A TO­DAS LAS FUERZAS POLÍTICAS A ACOMETER UNA POLÍTICA INTEGRAL DE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO QUE EXIGE:

— Poner en marcha una industria farmacéuti­ca pública que fabrique y distribuya los medi­camentos esenciales de forma que se garan­tice el acceso a todos los fármacos realmente útiles a quienes los necesiten.

— Derogar todas las normas que imponen el copago de medicamentos de uso hospitalario, a las personas pensionistas y el aumento del copago para las activas. Medicamentos gratui­tos para todas las personas desempleadas.

— Eliminar del Registro todos los medica­mentos inútiles, perjudiciales para la salud o con precios comparativos injustificadamente elevados. Todos los medicamentos admiti­dos en el Registro deberán tener financiación del sistema público.

— Dispensar directamente los medicamentos en los centros sanitarios a la dosis necesaria.

— Prohibir la financiación por parte de la in­dustria farmacéutica de congresos, activida­des científicas y de investigación, que debe­rán ser sufragadas con fondos públicos.

— Acabar con todo tipo de publicidad de me­dicamentos.

DOCUMENTOS PROYECTOS PFI/PPP FRACASADOS, ABANDONADOS O ERRONEOS. Natalie Mehra

http://casmadrid.org/index.php?idsecc=documentos&id=11&limit=130&titulo=DOCUMENTOS

NUEVAS VIAS PARA LA PRIVATIZACION DEL SISTEMA SANITARIO. UNA GRAN ALIANZA NEOLIBERAL PARA APODERARSE DE LA SANIDAD PÚBLICA

 

 

Las poderosas organizaciones financieras y empresariales que controlan los gobiernos de España y de las CCAA, estan poniendo en marcha nuevas estrategias para ultimar la  privatización del sistema sanitario público, y apodarse de los enormes recursos economicos que se destinan a salud (57.000 millones de euros según los presupuestos del 2014).

Una gran alianza socioeconómica denominada Club Gertech viene desarrollando desde hace tiempo (de manera solapada e invisible a la población y a los trabajadores sanitarios) un conjunto de iniciativas destinadas a conseguir el control del Sistema Sanitario Público, para fragmentarlo y ponerlo en manos privadas. En esta poderosa plataforma neoliberal están integrados universidades, centros de investigación, empresas de informática y tecnología sanitaria, laboratorios farmacéuticos, fondos de inversión internacional (especialmente de USA y China) grupos de comunicación etc. en un gigantesco lobby de presión capaz de orientar la política sanitaria del gobierno de Rajoy y de la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

Para desarrollar sus propuestas cuenta con el apoyo y complicidad de numerosas personas con altos cargos en las administraciones sanitarias, la Asociación de Directivos Sanitarios (SEDISA) que agrupa a gerentes y directores de los centros hospitalarios públicos  y privados, grandes beneficiarios de la transformación de estos en empresas y del llamado Foro de la Profesión Medica  (alianza corporativa que agrupa a representantes de la desacreditada Organización Médica Colegial, de  sociedades mas o menos científicas y académicas, y de algún sindicato corporativo)

Esta plataforma privatizadora pretende alcanzar cuatro grandes objetivos:

1.- Administrar toda la información generada y almacenada por el sistema sanitario público, en relación con el estado de salud de la población, los recursos disponibles, las actividades desarrolladas y su funcionamiento. Evidentemente siguen la máxima de que quien tiene la información tiene el poder real.

2.- Apropiarse de gran parte del presupuesto que el Estado y las CCAA destinan a sanidad, financiados con los impuestos y los copagos de toda la ciudadanía.

3.- Obligar al Sistema de Salud  Público a adquirir sus costosos productos tecnológicos en función de sus intereses empresariales.

4.- Poner la sanidad pública al servicio del sector privado (bancos, fondos de inversión, laboratorios farmacéuticos, multinacionales de las telecomunicaciones etc.) con el objetivo de controlar la planificación estratégica del sistema (compra de recursos, procesos asistenciales, sistemas de información, etc.) la gestión de los centros sanitarios (nuevas formas de gestión Ley 15/97) y el funcionamiento de los servicios asistenciales gracias a las nuevas Unidades de Gestión Clínica.

Instrumentos propuestos por este lobby empresarial para alcanzar estos objetivos:

–          Utilizar las Unidades de Gestión Clínica como fórmula para fraccionar los centros en múltiples empresas con entidad jurídica propia, controladas por unos directores nombrados “a dedo” por la administración, con poder reforzado y por unos Consejos de Dirección en el que podrán entrar representantes del sector privado ajenos a los centros. Este modelo organizativo contará con presupuesto propio  independiente del resto del hospital, un personal acogido al régimen laboral sin las garantías de estabilidad del actual Estatuto y con unos incentivos económicos vinculados al ahorro lo que facilitará controlar sus decisiones clínicas y hacerles cómplices de los recortes. Las Unidades de Gestión Clínica dotadas tendrán autonomía y capacidad para vender sus servicios a otros servicios o centros, creando así el mercado sanitario interno reclamado por los neoliberales españoles desde el llamado Informe Abril.

–          Trasformar la Estrategia de Atención a los enfermos crónicos orientándola a la utilización de aparatos tecnológicos que los controlen en sus hogares.  Esta medida tendrá un elevado coste, solo estará al alcance de quienes tengan mayor nivel cultural y económico, perjudicará a las personas con bajos recursos (la mayoría de la población) y supondrá el principio del fin de la actual Atención Primaria y de los servicios de Atención a la Dependencia. En apoyo a esta estrategia la Comisión Europea ha publicado recientemente un informe “La Salud en el Bolsillo.  La sanidad móvil despliega su potencial” que promueve la generalización de dispositivos móviles, como teléfonos, tabletas, dispositivos de monitorización de pacientes  y otros aparatos inalámbricos colocados en los domicilios, con la disculpa de que es necesario dar a los  pacientes el control de su salud, aumentar la eficiencia del sistema sanitario y potenciar la creación de empresas innovadoras en el mercado de las aplicaciones (medición de constantes vitales en domicilios,  promover la adherencia terapéutica, proporcionar dietas, etc.) Sin embargo la propia Comisión Europea advierte sobre los riesgos potenciales de estos instrumentos, como son la utilización empresarial de los datos de los pacientes, la falta de interoperabilidad, la vulneración de la confidencialidad, la dificultad de establecer los requisitos legales de las aplicaciones, etc. No resulta difícil reconocer las empresas que están detrás de esta propuesta.   

–          Privatizar el Sistema de Información del Sistema Sanitario Público (Historia Clínica Electrónica, redes informáticas de comunicación entre niveles y profesionales, sistemas para informar y dar citas a los pacientes, Call Center etc.) Todos estos servicios están siendo adjudicados (externalizados) a empresas multinacionales de informática y telecomunicaciones y a fondos de inversión, lo que pondrá en riesgo la confidencialidad de la información de salud de la población. Como ejemplo en Galicia la empresa INDRA (privatizada por Aznar y Rato) gestiona la Historia Clínica Electrónica (IANUS) mientras que Telefónica (asimismo privatizada por Aznar y Rato, que actualmente forma parte de su consejo asesor) controla las telecomunicaciones  del Servicio Galego de Saúde (SERGAS).

–          Otorgar al sector privado el control de los programas y actividades de investigación y difusión de las innovaciones sanitarias y de la formación del personal A través de la agencia de Calidad EFQM/IBM y del Executive Education en Gestión Clínica, un programa formativo semipresencial, creado por MPG y el Hospital Universitario Karolinska.

–          MPG es un lobby privado constituido por el Grupo Recoletos, la Asociacion para el progreso de la dirección (APD) que apuesta por la implantación de políticas de trabajo flexible y por el teletrabajo, la iglesia, la institución educativa SEK, la farmacéutica gallega Zeltia, Jhonson and Jonson, CVC-Capio, la asociación americana del corazón, el Jackson Memorial Hospital, el colegio de Médicos de Madrid, SEMES  (emergencias de Madrid)  el Instituto de Salud Carlos III.

–          El Instituto y Hospital Karolinska institución privada de Estocolmo (Suecia) que tiene una relación estratégica con IBM para gestionar el biobanco sueco. Estas dos empresas privadas tienen acceso a miles de muestras de tejidos humanos,  de utilidad para múltiples fines mercantiles, incluyendo la selección de los  participantes en ensayos clínicos y el desarrollo de medicamentos de medicina personalizada (demasiado caros para que toda la población pueda beneficiarse, según palabras del presidente de Farmaindustria)

–          Esta alianza tiene como finalidad última controlar los servicios estratégicos del Sistema Sanitario como vía complementaria a la privatización de los centros a través de la colaboración público-privada (PFI) o las Nuevas Formas de Gestión Privada.

 

Quienes integran el Club Gertrecht:

1.- Altos cargos y directivos de la sanidad pública

2.- Centros “públicos” de investigación:

 

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII): Es el principal Organismo Público de Investigación (OPI), financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica. Sin embargo, sus Centros de investigación estratégicos, como el de enfermedades neurodegenerativas “CIBERNED” el de Enfermedades Raras “CIBERER” el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas “CNIO” o el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares “CNIC” tienen personalidad jurídica propia y/o funcionan mediante Colaboración Público-Privada. Su Instituto de Bioinformática está asociado a la compañía multinacional Applied Biosystems, lo que está suponiendo una rápida progresión en la utilización de software de uso abierto a los datos de salud de la población española.

No parece extraño que actualmente el ISCIII (incluyendo su comité de bioética, constituido mayoritariamente por profesionales vinculados al propio instituto) esté adscrito orgánicamente y funcionalmente para todo lo que se relaciona con la Investigación aplicada, al Ministerio de Economía y Competitividad en vez de al Ministerio de Sanidad (RD 345/2012)

 

3.- Madrid Network: Red público-privada formada por más de 750 asociados en la que participan empresas, centros de investigación, Universidades y centros tecnológicos, que buscan beneficios económicos con la innovación sanitaria. Esta dirigida a captar recursos privados y públicos para promover la innovación en proyectos de infraestructuras y tecnológicos que supongan oportunidad de negocio para la iniciativa privada. La financiación pública parte del Bando Europeo de Inversiones, Banco Mundial y el Banco de desarrollo de América Latina (CAF) en colaboración con Bancos privados y Fondos Capital Riesgo y con el apoyo de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y los empresarios de Madrid ( CEIM )

 

4.- Empresas privadas

Medtronic: La mayor compañía privada de tecnología médica, con sede en Minneapolis. Está vinculada al capital riesgo, a la industria farmacéutica y a la industria de la alimentación y parte de su junta directiva proviene de General Electric, multinacional estadounidense implicada en el control de calidad de la radiología y la radioterapia en el SERGAS (auditando los niveles de radiación de sus propios equipos) y posible beneficiaria de la gestión de la Alta Tecnología del SERGAS.

Forma parte del Consejo de Administración de Medtronic el Gerente de los hospitales del Grupo estadounidense Apollo, uno  de los grandes proveedores mundiales de telemedicina, que también ha sido beneficiado por Feijóo con la adjudicación de Evo Banco, el Director General de Textron, empresa mundial de aeronaves incluyendo aviones de guerra y aviones no tripulados y el Consejero de Novocure, empresa de oncología privada de EEUU. Medtronic es miembro de la casa del corazón de la Sociedad Española de Cardiología

Medtronic está especialmente interesada en el Área cardiovascular (stent coronarios, endoprótesis aórtica, marcapasos, desfibriladores, prótesis valvulares) y en la telemedicina y se beneficiaría especialmente con la Autonomía de Gestión de determinadas Áreas (Corazón, diabetes o anillos radiológicos)

Recientemente, la tecnología de Medtronic  para el tratamiento de los casos difíciles de hipertensión arterial ha fracasado y sus beneficios han caído un 23% en el último trimestre de 2013, lo que puede incrementar su presión sobre el sistema público.

Philips: Una de las empresas de electrónica más grandes del mundo. Ha adquirido diferentes empresas que fabrican material sanitario como Marconi Medical Systems o partes de Westinghouse Electric. Arrastra importantes problemas económicos, que pretende resolver vendiendo sus productos tecnológicos al sistema sanitario público.

Roche(Laboratorio multinacional farmacéutico): Uno de sus principales motores económicos es su División Pharma. Controlar los protocolos y Guías Clínicas de las Unidades de Gestión Clínica puede suponer un enorme negocio para colocar sus nuevos medicamentos (con el paraguas de la innovación)

Roche y Gilead son las CF que comercializaron el tamiflú, para el tratamiento de la gripe Aviar y la gripe A. Ahora el tamiflú se ha mostrado ineficaz y peligroso, pero seguramente nadie devolverá el dinero malgastado a los servicios de salud en plena crisis económica (stock de tamiflú de cientos de millones de euros) ni la salud a los afectados, ni se pedirán cuentas a las agencias de evaluación que lo autorizaron de forma inadecuada. Por el contrario, la historia parece repetirse. La CE ha autorizado recientemente un fármaco para la hepatitis C (Sovaldi) a un precio desorbitado (642 euros comprimido frente a los 2 euros del coste real de producción) La viróloga y ganadora del Premio Nobel Françoise Barré-Sinoussi, Presidenta de la Sociedad Internacional del Sida (IAS) junto a otras 17 asociaciones, la mayoría españolas, han solicitado la gratuidad del Sovaldi “al tratarse de un fármaco prometedor que puede ayudar a salvar vidas” Pero prometedor no quiere decir con eficacia demostrada, sobre todo teniendo en cuenta que su aprobación se realiza tras una revisión acelerada por parte de la agencia europea del medicamento EMA, que ha aceptado reducir a la mitad el tiempo necesario sin carga viral para considerar a un paciente curado, por lo que es muy posible que sus efectos adversos sean superiores a los descritos al generalizarse su uso y/o que sus resultados no sean los esperados, aunque si los beneficios, con una expectativas de facturación “obscenas” de entre 7.000 y 12.000 millones de euros/año, por la venta de un único fármaco, lo que explica el enorme despliegue de marketing utilizado por la farmacéutica.

Responsables de la Investigación sanitaria europea y española están vinculados al  Instituto Roche, como el Director General de Investigación Biomédica de la Comisión Europea en Bruselas , el  coordinador científico de la Estrategia de la Cardiopatía Isquémica en España y el Director General del Hospital Clínic y del “Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer” de Cataluña,

NEC Corporation: Multinacional que posee Lenovo, empresa informática con sedes centrales en USA y China. Un 40% es capital público, otro 40% de fondos de inversión (del que un 60% pertenece al gobierno chino) un 8% de IBM y 10% de Texas Pacific Group (fondo de capital riesgo norteamericano) Controlar el desarrollo de los sistemas informáticos del sistema puede proporcionarle un gran poder de control y enormes ganancias. En Galicia la empresa EFQM vinculada a la multinacional IBM y a la todopoderosa auditora PWC es la responsable del despliegue de las Unidades de  Gestión Clínica.

CITEC-B (Centro de Imagen y Tecnología del Conocimiento Biomédico):Tiene como finalidad transformar el conocimiento sanitario que generan los profesionales de la salud en su actividad profesional, almacenarlo en computadoras y transformarlo en productos comercializables como negocio. Proporciona servicios a numerosas universidades y sociedades médicas. Gestiona la historia clínica electrónica, servicios de facturación hospitalaria y centrales de llamadas (como las del SERGAS) CITEC-B almacena, gestiona y controla toda la información sobre la salud y los factores que la determinan, las derivaciones de pacientes y el funcionamiento del sistema sanitario, el conocimiento de sus puntos fuertes y sus debilidades, que pone en mano de las multinacionales (Indra  Microsoft, Telefónica, MEC Ibérica, REDSA…) para transformar la atención de salud en un gran negocio.

 

Principales propuestas de la Plataforma por la Privatización:

V foro del Club Gertech “Promoción de la medicina personalizada” Participa como ponente Mario González, Gerente del complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI).

VI foro del club Gertech “Gestión Clínica creación de valor” con la participación de Vilanova Fraga,  Gerente del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) Su presentación, con el logo del SERGAS, se centra en la Autonomía de Gestión, en la asunción de riesgos por parte de los profesionales, el apoyo a los recortes en el SNS en personal, salarios y actividad y en la necesidad de disponer de un  plan empresarial para el sistema y de potenciar la innovación tecnológica

El VII foro del Club (Gertecht) donde se definieron las “Estrategias para la gestión de la tecnología sanitaria en España” Fue presentada por Pablo Torres, Director General de Recursos Económicos del SERGAS, que propone una innovación tecnológica del sistema sanitario al servicio de su desmantelamiento y privatización.

 

OBJETIVOS:

 1.- Mejorar la cooperación entre universidad, administración sanitaria e industria privada, en una alianza público-privada financiada con dinero de la sanidad pública para negocio de las empresas privadas.

2.- Apostar por la atención de crónicos en el hogar, instalando en los domicilios de los enfermos diferentes aparatos electrónicos para controlar los procesos, una forma de asistencia que se pretende imponer sin aval científico suficiente, solo al alcance de las personas con mayor formación y recursos,  que deslocaliza la atención y prescinde de la Atención Primaria de Salud e incrementa la medicalización de la población.

3.- Facilitar la introducción de la innovación tecnológica en el sistema sanitario incorporando las empresas privadas a los organismos públicos, con el objetivo de promover su autorización acelerada y decidir las compras en equipamiento avanzado (Socio Tecnológico) en función de los intereses empresariales, privando al sistema público del  control de los procesos de adquisición de fármacos y equipamiento.

4.- Involucrar al usuario en la implantación de innovaciones sanitarias. En este tema es fundamental el esfuerzo desarrollado por los laboratorios farmacéuticos para influenciar a las Asociaciones de Pacientes para que exijan la difusión de las innovaciones tecnológicas de elevado coste, sin que en muchas ocasiones exista evidencia científica que las respalde

5.- Diseñar sistemas estandarizados e interoperables para la generalización masiva de la información por todo el sistema sanitario y su exportación a otros países.

 

EL Servicio Galego de Saúde (SERGAS) ya está aplicando estas recomendaciones en Galicia con los proyectos Hospital 2050 e Innova Salud, con el objetivo de derivar fondos públicos a empresas de alta tecnología a las que se les da la oportunidad de participar y liderar la planificación y adjudicación de los recursos sanitarios mediante las figuras del Diálogo Competitivo y Socio Tecnológico. De esta manera el control de la información y la planificación de nuevos recursos tecnológicos está pasando de la administración pública al sector privado, descapitalizando económica e intelectualmente al sistema sanitario público, que sin embargo corre con la financiación y los riesgos.

La gran beneficiaria de esta política de investigación e innovación sanitaria será la industria sanitaria privada que controlará y orientará las innovaciones, su adquisición por la administración y su difusión por el sistema atendiendo a sus intereses económicos y empresariales y no a las necesidades asistenciales de la población, financiadora real del sistema.

La creación de las Unidades de Gestión Clínica ocupa un lugar central en el desarrollo de estas estrategias, ya que están destinadas a privatizar la gestión de la actividad asistencial (microgestión en la jerga neoliberal) transformando los actuales servicios hospitalarios y de atención primara en empresas con participación de la industria.

Estas Unidades están apoyadas por grupos profesionales que defienden sus intereses personales y corporativos:

–          Alianza por la Implantación de la Gestión Clínica agrupa a FACME y SEDISA (Asociaciones Profesionales y Sociedad de gerentes y directivos de los centros sanitarios públicos)  y el Foro de la Profesión integrado por los responsables de grupos de presión como la Organización Medica Colegial (OMC) la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y las Conferencias de Decanos y Estudiantes de Medicina de fuerte perfil conservador. El Foro de la Profesión tiene como uno de sus miembros más destacados a la Organización Médica Colegial, cuyo presidenteha conseguido reponerse en el poder, tras la retirada de la candidatura alternativa de un personaje próximo al PP,yque el gobierno mantenga la colegiación obligatoria de los médicos, además de una importante subvención ministerial que curiosamente se concreto poco después de la firma del acuerdo de apoyo a las Unidades de Gestión Clínica y de la desconvocatoria de una manifestación en rechazo a la privatización de los hospitales madrileños.

–          Administración sanitaria: La implantación de estas Unidades cuentan con importantes apoyos institucionales. Debemos señalar el fuerte compromiso de directivos de la sanidad pública de Galicia, como la Conselleira de Sanidade (Rocío Mosquera) que defendió en un foro en Barcelona la necesidad de laboralizar al personal sanitario; Ramon Ares, Director de Procesos Asistenciales del SERGAS que defiende el modelo público-privado por que “da más libertad para implantar medidas más eficientes” o Félix Rubial Director de Asistencia Sanitaria, al que, según afirma, no le asusta vincular  conceptos empresariales en la Sanidad. Además de la participación de altos directivos del SERGAS (director de Recursos Económicos del SERGAS y los gerentes del CHUAC y del CHUVI) en los foros organizados por el Club Gertech, dada la intención del lobby de ensayar la Gestión Clínica S.A. en el Servicio Galego de Saúde.

–          Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME): En las XV Jornadas del Club Gertecht su presidente propuso seguir impulsando la Alianza para el desarrollo de la Gestión Clínica, con un decálogo de requisitos que deberían  cumplir los profesionales y administración para controlar el desarrollo de la Gestión Clínica, posteriormente presentado al Grupo de Trabajo del Foro de la Profesión.

–          Sociedad Española de Directivos de Salud (SEDISA): Esta asociación, que integra a directivos de hospitales públicos y privados, tiene importantes convenios con los laboratorios farmacéuticos (Roche, Johnson & Johson, Sanofi, Grünental Farma…). i

–          SEDISA pretende implantar la Gestión Clínica con el Modelo EFQM de la multinacional IBM, la empresa que almacena la mayor cantidad de datos sanitarios y no sanitarios a nivel mundial. Su proyecto “Amphos” (en colaboración con la Fundación de la CF Abbot) incluye “34 propuestas para mejorar los procesos hospitalarios” que resumen las recomendaciones de la industria para privatizar nuestro SNS: Cambiar la gestión de los centros a través de las Unidades de Gestión Clínica; trasformar los hospitales en empresas autónomas; laboralizar a los trabajadores sanitarios; promover el autocuidado del enfermo mediante tecnologías instaladas en sus domicilios; desarrollar la medicina personalizada, de acceso imposible  a toda la población, según la industria; libre elección de centro sanitario para facilitar el mercado sanitario interno;  desarrollar una estrategia de Investigación-Desarrollo-Innovación (I+D+I) con fondos y recursos mayoritariamente públicos pero con una influencia cada vez mayor del sector empresarial privado.

–          Y las 25 propuestas de SEDISA para mejorar la sostenibilidad del Sistema Sanitario incluyen: Mantener la financiación pública (lo único que quedaría público) ; flexibilizar las condiciones laborales del personal (laboralización); trasferir el riesgo financiero a los profesionales (incentivar al personal de las Unidades de Gestión Clínica con ahorros en su actividad haciéndoles cómplices de los recortes); reducir las plantillas de los centros públicos;  incrementar las externalizaciones de servicios; generalizar las nuevas formas de gestión privada de acuerdo a la Ley 15/1997; promover la gobernanza por expertos de los centros (en detrimento de la participación profesional); introducir tickets moderadores para limitar el acceso de los pacientes a los servicios;  cobrar la alimentación y la hostelería de los pacientes hospitalizados; controlar el uso abusivo de los recursos; revisar el sistema de atención a crónicos, hospitalización a domicilio.. y todo ello bajo el paraguas de un Pacto Estatal por la Sanidad que haga cómplices de estas medidas a profesionales y partidos políticos. 

–          Aprobar un gran “Pacto por la Sanidad”  que respalde todas estas medidas privatizadoras dándolas legitimidad, apoyo político y apariencia de neutralidad ideológica. 

 

 Entre las principales consecuencias de la aplicación de estas medidas estarían:

–          Laperpetuación del hospitalocentrismo y el abandono de la Promoción de Salud, de la Atención Primaria y de la Atención a la Dependencia, dado que el nuevo modelo de atención a los crónicos se basa en la difusión generalizada de recursos tecnológicos en detrimento de los cuidados y de la atención a los enfermos por personal sanitario y cuidadores especializados.

–          El uso intensivo de los recursos tecnológicos, que son los grandes responsables del crecimiento del gasto sanitario innecesario. La multiplicación del gasto sanitario pondrá en riesgo la sostenibilidad del Sistema e incrementará las desigualdades ya que las nuevas tecnologías son muy costosas y no serán accesibles a todos los niveles socioeconómicos y culturales de la población.

 

 

 

En resumen el Lobby político-empresarial que dirige y controla el desmantelamiento y privatización del sistema sanitario público pretende:

1.- La transferencia al sector privado del control de los sistemas de información sobre la salud de la población y el funcionamiento del sistema sanitario.

2.- El control por las multinacionales de la planificación y difusión de las tecnologías sanitarias, financiadas además con fondos públicos.

3.- La externalización de los servicios diagnósticos de los centros públicos.

4.- La generalización de las nuevas Unidades de Gestión Clínica como fórmula para fragmentar, trasformar los servicios en empresas y crear un mercado interno basado en la competencia por la compra y venta de servicios.

5.- Cambiar la Estrategia de Atención a la cronicidad pasando de los cuidados domiciliarios al control por tecnologías, lo que permitirá deslocalizar a los profesionales.

6.- Control privado de la investigación, la innovación y la formación del personal.

7.- Pacto por la Sanidad que dé cobertura y legitimidad a estas reformas

 

 

 

 

 

Acuerdos comerciales UE-EEUU (TTIP): la captura de la política por las multinacionales farmacéuticas

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Acuerdos comerciales UE-EEUU (TTIP): la captura de la política por las multinacionales farmacéuticas

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El pasado mes se produjo una importante victoria legislativa en el Parlamento Europeo. A pesar de la intensa campaña y presiones de la industria farmacéutica para condicionar el voto en contra, los parlamentarios votaron masivamente a favor de la transparencia, es decir, a favor de la seguridad de los ciudadanos. La nueva Regulación de los Ensayos Clínicos aprobada deja de considerar los Informes de Estudios Clínicos -que la industria aporta a las agencias reguladoras para la aprobación de nuevos medicamentos- como sometidas a secreto comercial y, por tanto, estarán accesibles a los investigadores independientes y, además:

• Será obligatorio que todos los ensayos clínicos realizados en Europa estén registrados antes de que comiencen en una base de datos pública y accesible.

• Será obligatorio que un resumen de los resultados de todos los ensayos realizados esté publicado como mucho al año de terminar el ensayo clínico.

• Se exigirá que exista un sumario comprensible para ciudadanos que sintetice los resultados más importantes de todos los ensayos clínicos realizados.

• No se aprobará ningún nuevo medicamento que no tenga todos los ensayos clínicos realizados publicados

• Se impondrán importantes multas a las compañías que no cumplan estos requisitos

Sin embargo, la alegría puede durar poco. La Comisión Europea y EEUU están negociando con un alto nivel de secretismo el llamado Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) con una importante presencia en la agenda de los intereses de la industria farmacéutica que está intentando reforzar las ya restrictivas políticas de propiedad intelectual así como perpetuar el oscurantismo y la falta de transparencia sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos al condicionar el acceso a los datos de los ensayos clínicos.

Son acuerdos supra-gubernamentales, que se toman en mesas de negociación no representativas y no transparentes, con una sobrepresencia de lobbyes y que pretenden limitar la capacidad de acción de los gobiernos democráticamente elegidos.

Como siempre, los héroes del neoliberalismo que abogan por el “minimal state” necesitan en realidad de un “maximal state” que defienda sus intereses privados sobre los comunes

 

Los puntos más conflictivos -no técnicamente explicados- son:

1. Propiedad Intelectual: monopolios más largos, precios más altos.

El tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los
Derechos de la Propiedad Intelectual (ADPIC) crea estándares globalizados para la
protección de la propiedad intelectual y es fuente de controversia con relación al acceso
a medicamentos desde su creación en 1994. De hecho, patentes y otras protecciones
de la propiedad intelectual limitan la disponibilidad de los medicamentos genéricos de bajo coste1. Los ADPIC incluyen algunas garantías para la salud pública que en ocasiones se intentan hacer valer, sin embargo, estos nuevos acuerdos comerciales que se están negociando, ofrecen ahora nuevas oportunidades al lobby de la
industria farmacéutica para exigir más protección de la propiedad intelectual y alargar
el periodo de exclusividad comercial para sus productos. La lista de deseos de la industria incluye algunas propuestas como:

– Intención de extender los plazos de las patentes para incluir los retrasos que supuestamente se producen en la oficina europea de patentes de la UE que es algo que ya se contempla a través de los llamados certificados suplementarios de patentes (SPC). Cualquier extensión del monopolio supone millones de euros de beneficio para la industria al retrasar la entrada de medicamentos genéricos que abaratan sustancialmente el precio de los medicamentos. Si la ampliación de los plazos de las patentes se incluye en el acuerdo comercial, será más complicado para la UE y para EE.UU reformar sus leyes internas (son acuerdos que obligan a los gobiernos por encima de sus legislaciones democráticas).

– Intención de establecer limitaciones para retrasar el inicio de la tramitación de las autorizaciones de los genéricos que en la actualidad puede iniciarse antes de que expire la patente. Actualmente, el Tribunal Europeo de Justicia ha sostenido que impedir la tramitación adelantada es contrario a la competencia. Sin embargo, parece que la industria pretende eludirlo usando los acuerdos de comercio.

– Alineamiento entre las las normas de patentabilidad de la UE y las de EEUU, entre las que, hasta ahora, existen importantes diferencias. En general, las normas de patentabilidad de la UE son más estrictas, lo que, entre otras cosas, significa que hay menos patentes y más competencia; algo clave para la mejorar la accesibilidad de los
medicamentos y para fomentar una innovación eficaz.

– Extensión de la exclusividad de datos de medicamentos biológicos en la
UE, a más de 12 años, a pesar de que en EEUU son 4 años y 8 de exclusividad
comercial. La exclusividad de datos puede prolongar la exclusividad comercial para las compañías farmacéuticas tras la expiración de las patentes. Esto no permitiría a los fabricantes de genéricos consultar los datos de autorización de comercialización cuando reclamen el registro de sus medicamentos genéricos. La inclusión de la exclusividad de datos sería de 12 años y se cerraría este plazo tanto para EE.UU como para UE (la UE tiene actualmente 8+2+1 años).

– No limitar el uso de marcas registradas. Esta medida está relacionada con la prescripción por la denominación común internacional (DCI) o principio activo favorecido por los gobiernos y por la Organización Mundial de la Salud
por razones de salud pública. Las empresas originarias prefieren usar su
marca o nombre comercial, pero esto podría limitar el uso de genéricos
y de medicamentos biosimilares o la potencial sustitución por el médico o
farmacéutico y por tanto sería un obstáculo a la accesibilidad.

2. Precios y Reembolso: debilitando las políticas sobre medicamentos
de los Estados miembros.

– Las políticas de precio y reembolso dan a los Estados miembros de la UE, la flexibilidad y los instrumentos necesarios para limitar los gastos de los sistemas de salud pública, permitiéndoles proteger la salud pública no reembolsando medicamentos que tengan un ratio cuestionable de daños y beneficios, por ejemplo, la pioglitazona que ha sido retirada en Francia y Alemania o la rosiglitazona retirada en Europa pero que sigue comercializada en USA. Una limitación de esta capacidad pretende determinar la autonomía de los gobiernos

– Las políticas de precio y reembolso deben tener en cuenta la “innovación”. Esta propuesta pretende limitar la capacidad de los gobiernos de controlar los precios. Los acuerdos pretenden, mediante la utilización amplia de la definición de producto innovador, imponer a los gobiernos elevados precios de los teóricamente nuevos medicamentos. Pero las compañías farmacéuticas tienen una definición demasiado amplia de lo que es “innovación”, incluyendo en ella todo lo que simplemente es “nuevo” como los medicamentos me-too.

– Limitación a la consideración de productos como biosimilares. La aprobación de esta demanda implicaría una reducción injustificada del número de productos que son
comparables que permite a los gobiernos establecer un precio de reembolso mínimo. Esto debilitaría el principio de subsidiariedad de los Estados Miembros en relación a
la organización de sus sistemas de salud o políticas a favor del acceso.

– Garantías procesales en las políticas de Precios y Reembolso del gobierno. Se
refieren a que las compañías tengan voz en las políticas internas de precios
de los gobiernos a través de “garantías procesales”. Por ejemplo, acuerdos
tácitos que entrarían en vigor en el caso de que los plazos no se cumpliesen o
sanciones aplicables a los estados miembros por días de retraso, entre otras. Estos acuerdos juegan a favor de la industria que posteriormente se encarga de debilitar y minar los organismos administrativos responsables de los procesos para que no sean capaces de responder en los tiempos acordados.

– Remedios legales para los solicitantes. Este punto es muy parecido a las
“garantías procesales”. A las compañías les gustaría ser capaces de llevar a un
gobierno hasta los tribunales para impugnar decisiones de precio o reembolso.
La normativa de conflictos inversor–estado (ISDS) podría ser un remedio legal
que sobrepasaría a cualquier control democrático.

La ISDS permite a las compañías reclamar ante los gobiernos de forma judicial y fuera de los tribunales nacionales, pues a menudo buscan una compensación económica por el comportamiento supuestamente ilegal que afectó a su negocio. Los derechos de propiedad intelectual podrían ser objeto de medidas de arbitraje internacional en el capítulo de inversión bilateral, pero el ISDS puede afectar también a las políticas de control de precio, y a otras en favor de la salud pública que limiten los beneficios de las
compañías farmacéuticas. Las compañías multinacionales, tanto en Estados Unidos como Europa, han estado usando estos instrumentos para atacar las políticas de gobiernos en todo el mundo. Por ejemplo, la aseguradora holandesa Achmea, ganó recientemente 22 millones de euros en contra la República de Eslovaquia porque el país
había revertido el proceso de privatización de su sistema nacional de salud para contener costes. La empresa farmacéutica estadounidense, Eli Lilly, ha demandado al gobierno canadiense por sus estándares de patentabilidad por 500 millones de dólares

Las empresas ya están bien protegidas por la legislación de la UE; por lo que
mantener a salvo el poder de las corporaciones en este acuerdo y permitir
a las empresas de Estados Unidos que desafíen las regulaciones de salud
pública, significa que el equilibrio entre el interés público y las empresas se
rompería para siempre

3. Limitar la transparencia de los ensayos clínicos: debilitar las políticas europeas de salud pública

Propone un enfoque alineado de la Unión Europea y Estados Unidos en lo que se refiere
a la divulgación de datos de los ensayos clínicos y establecer una lista armonizada de
resultados de ensayos clínicos y acordar cuales deben ser divulgados públicamente.
Actualmente, menos de la mitad de los ensayos clínicos se publican de forma
íntegra (no están registrados o los resultados no están disponibles) y, por lo tanto, el
conocimiento científico sobre la seguridad y la eficacia de estos productos médicos se
pierde para siempre. En Europa, se está dando ahora un fuerte impulso, encabezado
por la comunidad de la salud pública, a la transparencia en los datos procedentes de
los ensayos clínicos. Conceder acceso completo a los datos de los ensayos clínicos
es crucial para una medicina basada en la evidencia. La recientemente revisada
regulación europea de ensayos clínicos, incluye más transparencia en la aprobación,
implementación y publicación detallada de resultados. La Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) anunció que cambiará su política y de forma proactiva publicará
datos detallados de los ensayos clínicos provistos por la industria cuando soliciten una
aprobación comercial. Sin embargo, la industria farmacéutica no está de acuerdo y está enfrentándose a la EMA en los tribunales.

La Federación Europea de Industrias y Asociaciones farmacéuticas (EFPIA) y la
Organización de Industrias Farmacéuticas de Estados Unidos (PhRMA) han desarrollado principios conjuntos para un “intercambio de datos responsable” que, básicamente, mantiene el actual status quo, usando acuerdos de confidencialidad comercial que son un obstáculo para la transparencia. Todo este enfoque debilitaría los esfuerzos de la EMA, del Parlamento Europeo y de los Estados Miembros para publicar datos de ensayos clínicos por razones de salud pública y en la práctica significaría que cualquier información que sea desfavorable para un medicamento (falta de eficacia, efectos nocivos…) podría ser considerada confidencial porque su publicación, sin duda, significaría una desventaja comercial.

4. Los intereses del sector privado triunfan sobre los reglamentos legítimos
de política pública.

– Una agenda que permita una mayor convergencia reglamentaria progresiva en el tiempo. Desde 1994, la Conferencia Internacional de Armonización (ICH), que comprende a las autoridades reguladoras y a la industria farmacéutica de Europa, Japón y los EE.UU ha armonizado las normas internacionales para el registro de medicamentos. De hecho, las autoridades estadounidenses, europeas y japonesas, en cooperación con las grandes farmacéuticas han sustituido a la OMS en la tarea de establecer las normas internacionales sobre calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. El proceso esquiva la toma de decisiones multilateral y algunas nuevas normas sirven como meros obstáculos al comercio.

– Un grupo de trabajo de dispositivos médicos y farmacéuticos como plataforma para discutir temas de implementación y abordar enfoques compartidos para futuros temas de compatibilidad. La implementación es la mitad del juego. Este grupo de trabajo sería, en realidad, un comité especialmente dedicado a las políticas y regulaciones
farmacéuticas y los asuntos de implementación serían relativos a la propiedad intelectual, así como a las cuestiones normativas, el precio y el reembolso. Estos tipos de grupos de trabajo tienden a no tener registro público y una total falta de transparencia y control democrático. Su aprobación institucionalizaría este tipo de lobby conjunto de la industria transatlántica de dispositivos médicos y farmacéuticos.

– Abordar la duplicidad de requisitos de pruebas clínicas (vía revisión del ICH). Actualmente la Conferencia Internacional de Armonización (ICH) permite a los países solicitar pruebas adicionales debido a las diferencias en las poblaciones (genética, factores medio ambientales, etc…). Por lo tanto, la plena armonización podría crear riesgos de seguridad para los pacientes al trasladar sin más pruebas, resultados de ensayos clínicos de unas poblaciones a otras

5. Una agenda global estándar

Las implicaciones para terceros países – especialmente países de bajos y medios
ingresos – son significativas, ya que uno de los objetivos que hay detrás de este acuerdo
es establecer estándares mundiales. Menos transparencia en los beneficios y
efectos dañinos de los medicamentos, monopolios más largos, menos competencia de
genéricos y límites a las políticas de precios, son medidas aún más perjudiciales para
los países de bajos y medianos ingresos, donde los recursos son más limitados. Además,
muchos de estos países tienen instituciones más débiles para modular el poder de las farmacéuticas. En este caso, el aumento del poder y la protección de las grandes empresas, pondrán una carga aún mayor sobre los sistemas de salud pública y sobre los ciudadanos, lo que conduce directamente a la exclusión de muchas personas que no podrán acceder a ciertos medicamentos.

CONCLUSIONES

La UE debería promover el bien común, no los intereses comerciales particulares
Sin duda, la industria farmacéutica tiene una agenda muy ambiciosa para el TTIP que
es perjudicial para el acceso a los medicamentos y la salud pública en la Unión Europea.
Aparte de la intención de ampliar los períodos de monopolio a través de patentes y
otras medidas de propiedad intelectual, existe una clara aspiración de socavar las
regulaciones establecidas por los gobiernos, democráticamente elegidos, para proteger la salud pública. Además, el movimiento europeo hacia la transparencia de los datos de ensayos clínicos está en la diana de esta agenda.

La lista de deseos de la industria muestra una actitud irrespetuosa: una falta de respeto
hacia los procesos democráticos de los países y hacia las políticas públicas, y se olvida
de las necesidades de los pacientes que necesitan tratamiento. Además, no tiene en
cuenta la evidencia de que más propiedad intelectual no significa más innovación.

La industria farmacéutica es uno de los lobbies corporativos más fuertes y supera con
creces la capacidad de los defensores de la salud pública. La Comisión Europea, en sus
relaciones con la industria, debe dar prioridad al interés público y al derecho a la salud
de los ciudadanos. El Parlamento Europeo y los Estados miembros deberían también
rechazar esta captura de la política por las grandes corporaciones. Además, unas
promesas exageradas de crecimiento económico no son una razón aceptable para
debilitar el control democrático sobre la elaboración de políticas de salud pública.

En el presente, muchos pacientes en Europa no pueden permitirse las medicinas que
necesitan y la crisis financiera actual lo ha hecho aún más difícil. Aún haciendo frente
a una crisis financiera y económica y también a gastos de salud más altos, los estados
miembros de la Unión Europea están obligados a seguir asegurando a sus ciudadanos
el acceso universal a los medicamentos.

La UE no debería reforzar la mano de los que ostentan el monopolio farmacéutico.
En lugar de esto, debería promover el bien común. Para ello, la UE debería reorientar
al sector empresarial hacia una economía sostenible, hacia una innovación real que
conduzca a resolver las necesidades de salud y a explorar modelos de I+D abiertos y
colaborativos, basados en acceso universal en vez de consolidar el presente sistema
de altos precios basados en monopolios que solo benefician a unos pocos

 

Este es un extracto del documento de posicionamiento (DOC_respuesta_de_la_sociedad_civil_a_lista_deseos_industria_farmaceutica) publicado conjuntamente por:

Medicines in Europe Forums fue fundado en 2002, reúne a más de 60 organizaciones miembros de 12 países de la UE. Está compuesto por cuatro grandes
grupos activos en el campo de la salud: grupos de pacientes, grupos familiares y de
consumidores, proveedores de seguros de salud y profesionales de la salud.
http://www.prescrire.org/fr/

Commons Network trabaja en la promoción del acceso a los conocimientos y a otras
causas sociales y ecológicas, desde la perspectiva de los bienes comunes. Somos una
organización sin fines de lucro de defensa y reflexión que se dedica a la formulación de
políticas, así como al debate público y a promover el bien público.
http://commonsnetwork.eu/

International Society of Drugs Bulletins es una red mundial de publicaciones (boletines y revistas) sobre medicamentos y terapéutica, económica e intelectualmente
independientes de la industria farmacéutica. Fue fundada en 1986, con el apoyo de la
Oficina Regional de la OMS para Europa.
http://www.isdbweb.org/

Health Action International Europa está trabajando hacia un mundo donde todas las personas, especialmente las de los sectores más vulnerables, puedan ejercer su derecho a la salud. Nuestro objetivo es lograr el acceso universal y equitativo a medicamentos esenciales asequibles de calidad y garantizar el uso de los mismos de manera racional para así promover los más altos estándares de salud en todo el mundo.
http://haieurope.org/

UAEM Europe tiene como misiones: promover el acceso a los medicamentos y las
innovaciones médicas en países de bajos y medianos ingresos, cambiando las normas
y prácticas en torno a las patentes académicas y a las licencias; asegurarse de que la
investigación médica universitaria satisface las necesidades de las personas en todo
el mundo; y empoderar a los estudiantes para que respondan ante la crisis actual de
acceso e innovación.
http://www.uaem-europe.org/

Salud por Derecho es una organización de defensa de los derechos humanos centrada en la defensa del derecho a la salud que lucha para que todas las personas en los países empobrecidos ejerzan su derecho a la salud, materializado en el acceso a un paquete básico de servicios de salud de calidad, provisto de forma universal y permanente.
http://www.saludporderecho.org/

Grupo de Trabajo Sobre Medicamentos, Salud e Innovación (GTSMI) está formado por la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, Farmacéuticos sin Fronteras, Médicos del Mundo, No Gracias, Salud por Derecho, Trans-Atlantic Consumer Dialogue y los expertos a título individual David del Campo, Joan Rovira, Xavier Seuba y Judit Rius. La Fundación Salud por Derecho ejerce la coordinación del Grupo.
http://saludporderecho.org/grupo-de-trabajo-sobre-salud-medicamentos-e-innovacion/

Todos somos griegos

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Europa. La crisis y la austeridad están costando vidas: hay más suicidios e infecciones‏

Europa. La crisis y la austeridad están costando vidas: hay más suicidios e infecciones

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ESPOLI PER A LES MAJORIES, MENTRE ES BAIXEN IMPOSTOS AL CAPITAL, -68%, 28 MILIONS EUROS

El “expolio” social del que no se habla
Vicenç Navarro
Rebelión
Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006. En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).

Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes: una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios); la tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo; una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.
Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.
El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más. ¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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